Apéndice 7. El Poder Inestable. Los Golpes
De Mienciclo E-books
AUNQUE la expresión «golpe de Estado» —derrocamiento de un gobierno civil por las Fuerzas Armadas e instauración de un régimen militar— no nació en América, prácticamente se ha transformado en una característica de los países latinoamericanos, ya que todos sin excepción han conocido numerosos golpes a lo largo de su historia. A tal punto que en 1976, de once países que comprende Sudamérica, ocho tenían gobiernos militares y sólo tres gobernantes elegidos democráticamente.
La frecuencia del fenómeno del «golpismo» puede medirse por algunos ejemplos: Bolivia, con 150 años de independencia, ha sufrido treinta y seis pronunciamientos militares. En Argentina, desde 1928, ningún gobernante civil pudo completar su mandato. Perú cuenta en su haber, sólo en este siglo, con once sublevaciones; y hay varios países sobre todo en Centroamérica, en los que desde hace varias décadas no se celebran elecciones.
En la primeras décadas de independencia, durante el siglo pasado, influían en los continuos alzamientos factores tales como la necesidad de gobiernos fuertes capaces de afrontar las dificultades derivadas de las guerras por la liberación o bien con los países vecinos; las vacilaciones que provocaban las discusiones sobre el tipo de régimen a adoptar por el Estado naciente (en Argentina, por ejemplo, esa discusión duró casi cincuenta años); el que mucho más que los movimientos políticos, quienes efectivamente tenían poder de decisión eran los militares formados en los combates y con mando de tropas; y el caudillismo de los jefes locales que mantenían sus ejércitos propios, que combatían entre sí y que se sublevaban alternativamente.
Pero sobre todo influyó la escasa participación popular en la formación de las instituciones de los nuevos países, hecho que marcaría posteriormente el desarrollo de las democracias en Latinoamérica. A diferencia de lo ocurrido en los Estados Unidos, en los países hispanoamericanos esa participación sólo se dio en los combates por la independencia y generalmente bajo el caudillaje de jefes locales, en milicias muchas veces a sueldo, y no como un acto consciente de la mayoría de la población. Esta situación tuvo su continuación posteriormente. Al afianzarse las repúblicas y su ordenamiento legal, en la toma de decisiones y en los debates participan sólo pequeños grupos de intelectuales, profesionales, políticos y representantes de los más importantes intereses económicos. Igual característica tuvieron la mayor parte de los primeros partidos políticos. Salvo escasas excepciones, la mayoría de ellos estuvieron formados por pequeños núcleos de personas de las principales ciudades.
En los comienzos de este siglo, dos hechos cambian radicalmente el modo de vida de los países latinoamericanos. El primero fue la profesionalización de los ejércitos, para pertenecer a los cuales había que seguir estudios y formar parte de las clases sociales capaces de poder costearlos; el segundo fue un lento proceso de industrialización que desencadenó el crecimiento urbano, la llegada de centenares de miles de emigrantes europeos, la aparición de teorías hasta entonces desconocidas en América: anarquismo, socialismo, marxismo, etc., y, al mismo tiempo, una sociedad estructurada de tal forma que impedía el desarrollo de los adelantos técnicos y no daba solución a los problemas inmediatos de la creciente población.
La crónica falta de estabilidad de las democracias parlamentarias americanas tenía el agravante de no poder incorporar al sistema a las masas que buscaban participar en la vida cívica, por lo cual se mostraban muy receptivas a toda solución violenta que propusiera cambiar sus condiciones de vida. Simultáneamente se producía una vinculación de los altos mandos militares con los principales intereses económicos, ligados familiarmente, o a través de la participación conjunta en negocios comunes, que fueron aumentando el interés de las Fuerzas Armadas como tales, y como sector social, en la política interna de cada país.
Todo esto indica el cambio cualitativo que se fue produciendo entre el contenido de los golpes de Estado que se daban en los primeros años de vida de los países latinoamericanos y los que se realizaron este siglo y actualmente. Mientras los primeros se debían principalmente a ambiciones y rivalidades personales, diferentes concepciones sobre la forma de gobierno o la falta de un mecanismo adecuado y generalizado de cambios de gobernantes, los posteriores respondieron —y responden— a la necesidad de impedir cambios en un determinado sistema económico-social y a garantizar la supervivencia de intereses económicos.
La mayor parte del centenar y medio de golpes de Estado que hubo en este siglo en Latinoamérica tuvieron esa característica, aunque las circunstancias o motivaciones inmediatas pudieran tener variantes: incapacidad de los gobiernos civiles para hacer frente a las necesidades del país; discusiones estériles o enfrentamientos armados entre los partidos políticos; aumento de las demandas populares y denuncias contra la sociedad vigente; acciones reivindicativas del pueblo —huelgas, manifestaciones, sublevaciones— que pudiesen poner en peligro la «seguridad» del régimen gobernante.
También, salvo muy escasas excepciones, fueron golpes incruentos, ya que generalmente las Fuerzas Armadas actuaban homogéneamente y frente a gobiernos a los que tampoco nadie intentaba defender. Las excepciones a esta regla fueron, justamente, cuando se trataba de derrocar a gobiernos que contaban con amplio apoyo popular: Argentina en 1955, Brasil en 1964, Bolivia en 1971, Chile en 1973, etc. En algunos de estos casos, el peligro de afectar a intereses económicos claves y de instaurar un nuevo tipo de régimen no provenía sólo de las reivindicaciones populares, sino de los propios gobiernos y de ahí su derrocamiento, a pesar de contar con masivo respaldo electoral.
La repetición sistemática de estos hechos contribuyó a agravar la inestabilidad del poder en América latina, ya que por un lado las instituciones aparecían doblemente desbordadas —En ocasiones por el pueblo, en otras por las Fuerzas Armadas— y demostraban no responder a las necesidades reales del país y de su población; aunque también generalmente se volvía a ellas una vez que los golpistas creyesen superados los motivos que les habían impulsado a la sublevación. Ello implicó en muchos países, particularmente los sudamericanos, la alternativa en el poder entre gobiernos civiles y militares: fracasado el primero se pasaba al segundo que, años más tarde, inevitablemente volvía al parlamentarismo.
En los últimos años, además, las escuelas militares americanas —incluyendo los cursos que agrupan a jefes de diferentes países— forman a sus oficiales más como guardianes de la «seguridad interna» del país que en el de su misión específicamente militar. Esto ha favorecido la participación de las Fuerzas armadas en la vida política por encima de los partidos políticos y de las instituciones democráticas, ya que unos y otras acuden a ellas cuando se sienten desbordados.
El «golpismo» se ha transformado ya en un hábito en Latinoamérica. Las sociedades se han estructurado de tal manera que su mantenimiento no puede ser garantizado sin la participación activa de los militares en el gobierno. El bonapartismo de que tanta gala hicieron los libertadores empezando por Simón Bolívar hoy forma parte de la estructura política de las jóvenes repúblicas y sostiene las formas oligárquicas de poder.
