Apéndice 5. España se Transforma
De Mienciclo E-books
Introducción
LA revolución de septiembre de 1868 se hizo bajo el signo de la democracia y con un claro sentido de comprometer al pueblo en las tareas revolucionarias. Para comprender esta realidad bastará con decir que en las elecciones de 1869 participaron casi cuatro millones de electores, mientras que en las últimas convocadas por los gobiernos isabelinos habían participado 102.000, en las de 1864, y 223.000, en las de 1865. Otro dato que demuestra ese aserto es que si la revolución la hizo el Ejército y la respaldó el numeroso cuadro de generales sublevados contra Isabel II, al caer asesinado Prim, que era el hombre fuerte de la revolución, fueron los hombres civiles los que asumieron el poder y dieron su fisonomía democrática a la monarquía saboyana, primero, y después a la república.
Este conglomerado de fuerzas heterogéneas estaba formado por generales liberales, progresistas, federales y demócratas doctrinarios con una gran carga de idealismo. La revolución se sustentaba en la burguesía y el Ejército, pero desde sus comienzos se proyectó el proletariado, federal primero y anrquista y socialista después, como gran fuerza dinámica en las principales ciudades. La radicalización revolucionaria por parte de los trabajadores afiliados a la I Internacional y sus manifiestos deseos de provocar una revolución similar a la Comunne, hizo que los militares monárquicos, que eran la mayoría, se agrupasen en torno al general Serrano.
El sexenio revolucionario representa el triunfo del constitucionalismo, latente durante todo el siglo XIX desde las Cortes de Cádiz de 1812. Pero los dos ensayos constitucionales que se hicieron fracasaron. La monarquía saboyana se hundió en la indiferencia al morir Prim y faltarle el apoyo de los monárquicos, que ya eran alfonsinos, y el del Ejército. La república naufragó en su propio doctrinalismo. Pérez Galdós, cronista fiel de nuestras desdichas nacionales, dirá de la etapa republicana: «La historia de aquel año es… selva o manigua tan enmarañada que es difícil abrir camino en su densa vegetación.» Un republicano tan popular como José María Orense decía en la sesión del 14 de junio de 1873: «Estoy tan convencido de que la república no se consolida si no se hacen grandes y profundas reformas económicas, que no se qué contestar cuando muchos me dicen: «¿Y qué hemos adelantado con esta revolución? ¿Y qué es lo que, después de todo, mejoramos con la república?» La respuesta nos la va a dar Federico Engels con extraordinaria lucidez: «España es un país tan atrasado, desde el punto de vista industrial, que es imposible hablar siquiera en ella de una emancipación inmediata de la clase obrera. Antes que pueda llegarse a ello, tiene que atravesar España el desarrollo de varios estadios y superar una serie de obstáculos. La república ofrecía la posibilidad de comprimir ese proceso en el lapso mínimo y posible, así como la de eliminar rápidamente los obstáculos aludidos. Pero esa oportunidad sólo podía aprovecharse mediante la intervención política activa de la clase obrera española. Así lo vio la masa de los trabajadores; en todas partes propugnó la intervención en los acontecimientos, que se asiera resueltamente la ocasión en vez de dejar como hasta ahora el campo libre a la acción y a la intriga de las clases poseedoras.»
La revolución de 1868 iniciada en Cádiz con un golpe militar de las fuerzas que acaudillaba el general Prim, sucumbía con otro golpe militar del general Pavía el 3 de enero de 1874, metiendo las tropas en el Congreso para disolver las Cortes republicanas. El inmediato beneficiario de la situación fue el general Serrano, quien se convirtió en el arbitro de la situación hasta que otro golpe militar acaudillado por el general Martínez Campos proclamase rey a don Alfonso XII en los campos de Sagunto (29 de diciembre de 1874).
Justo es decir que la impaciencia restauradora de Martínez Campos no fue bien vista por Antonio Cánovas del Castillo, verdadero jefe político de la restauración alfonsina y contrario a que los militares intervinieran en la mecánica del poder. La restauración para él era la continuidad histórica en un sistema parlamentario por el que pudieran circular todas las corrientes de la tradición y la revolución que no fueran sustancialmente contrarias a la institución monárquica. El gran mérito de Cánovas es que habiendo podido convertirse en gobernante personal, optó por un sistema de alternativas abiertas a los adversarios de la víspera. Su primer objetivo sería atraerse a Sagasta, el más político y cauto de los líderes de la revolución del 68.
El autoritarismo canovista tuvo éxito en sus primeros pasos. Acabó con la guerra carlista, que había cosechado grandes triunfos en las provincias del norte durante la república; liquidó el cantonalismo subversivo con dureza; convocó elecciones generales por sufragio universal, pero urdidas desde el Ministerio de la Gobernación para obtener una mayoría absoluta; en 1876 se aprobó la Constitución que estaría vigente hasta la proclamación de la II República en 1931. La Constitución del 76 consagró el sistema liberal, pero en la práctica fue menos significativa que el corrompido sistema electoral que ejercían los partidos turnantes en el poder. Cánovas pudo también acabar con la «pesadilla» de Cuba con la firma de la paz del Zanjón en 1878. «La restauración —resume el profesor Pabón— sucede en un período extraordinario, encuadrado por los años 1869-1875, y en cuya agitación todo resultó imposible: monarquía y república, centralismo y federalismo, la guerra —mal conducida— y la paz ni siquiera intentada. El continuar la historia de Cánovas responde a una convicción general; los años precedentes viviéronse en anormalidad, en interinidad, en un paréntesis que era necesario cerrar. La restauración había de ser norma, equilibrio y estabilidad, final de un estado de excepción, no sólo en el curso de la vida española, sino en el concierto de los pueblos europeos».
Estabilizado el nuevo régimen con un sistema que prácticamente hacia imposible la derrota de los que ocupasen el poder, ya que como hemos dicho las elecciones se hacían desde el Ministerio de la Gobernación, cuyo titular fue conocido con el nombre de «Gran Elector», Cánovas consideró que había llegado el momento de ensanchar la base política y crear el turno político entre liberales y conservadores. En 1881 Sagasta fue llamado a formar Gobierno por iniciativa de Alfonso XII. La fecha es histórica, porque con Sagasta se incorporan al gobierno de la monarquía alfonsina las fuerzas burguesas del progresismo, liberalismo y constitucionalismo. En lo sucesivo solamente quedan al margen del juego político los trabajadores y los núcleos intelectuales de inspiración republicana. Algún historiador ha escrito que Sagasta fue una invención de Cánovas, pero sería más justo decir que fue una necesidad de la monarquía y una pieza insustituible para mantener la ficción democrática y parlamentaria de la Constitución del 76.
El régimen estaba listo para una larga andadura de medio siglo. La corona podía regular el turno de los partidos de acuerdo con los estados de opinión. El sistema era artificioso y los medios de que se valía para alcanzar sus fines eran frecuentemente turbios y favorecían la corrupción administrativa, pero resultó eficaz en sus mecanismos. Cánovas y Sagasta pudieron permitirse el lujo de gobernar un país democrático y parlamentario con una democracia amañada en la base por el caciquismo local y un Parlamento organizado y elegido desde el Ministerio de la Gobernación. A este respecto escribe el profesor Bernard Richard: «Representantes del poder central, los gobernadores civiles constituyen una pieza importante del sistema político de la restauración: son los intermediarios entre el poder central y los poderes locales, entre la oligarquía y los caciques, al menos en las zonas rurales. Ocupan una posición clave, que por otra parte se va tornando cada vez más incómoda a partir de los últimos años del siglo XIX, cuando la denuncia del caciquismo llega a ser un tema central en la literatura política.» La institución del caciquismo funcionó con absoluta normalidad hasta el desastre de 1898 en que se produjo el colapso colonial y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Cánovas ya había muerto asesinado por el anarquista Angiolillo (1897) y Sagasta tuvo que capear el temporal, pero tanto entre los liberales como entre los conservadores empezaron a surgir voces en contra del artificioso sistema montado por los dos hombres que hicieron posible el relevo pacífico de los gobiernos de turno.
Inestabilidad administrativa: los cesantes
El corolario del sistema caciquil institucionalizado es una remoción administrativa en cada relevo del poder. El partido llamado a turno necesita un verdadero ejército para mantener la ficción democrática y operar desde la base a la cúspide con verdaderas garantías. El resultado es que cada partido posee su propia clientela de funcionarios a todos los niveles y cuando se produce el relevo surge el drama de los modestos funcionarios que quedan cesantes. Este tema, escasamente tratado por los historiadores, es fundamental en la obra de Galdós, donde juegan más los valores humanos que los políticos y los individuos merecen el mismo interés que las instituciones. Sólo a finales de siglo empiezan a organizarse los cuerpos técnicos de la administración, pero hasta la primera década del XX no alcanzarán una cierta estabilidad. Con todo, el problema de las clientelas políticas que se elevan o descienden, que pierden o ganan su empleo con los gobernantes de turno, apenas si tiene importancia en la España hambrienta y analfabeta canovista-sagastina. Por lo menos ellos jugaban dentro de la oligarquía, cosa que no ocurría con la mayoría de los españoles. Para hacernos una idea del sistema político imperante veamos lo que dice el profesor Lacomba: «De los 17 millones que pueblan el país en el último tercio del siglo XX, Moret, testigo de excepción, afirma que 15 millones pertenecían a las clases obreras y proletariado agrícola y que —dramática paradoja— nada contaban en la vida nacional». Y de estos 15 millones de españoles, según Ricardo de la Cierva, cinco millones de españoles pasaban hambre y el 80 por 100 sufría la miseria del analfabetismo.
