Apéndice 5. El Proceso Independentista. Análisis de sus Causas
De Mienciclo E-books
DENTRO del cuadro de la situación en España por la ocupación napoleónica, la independencia argentina fue impulsada inicialmente por comerciantes e intelectuales de Buenos Aires, los primeros necesitados de estrechar lazos económicos con Inglaterra y los segundos altamente influenciados por las ideas de la Revolución francesa.
El Cabildo, que el 25 de mayo de 1810 designó una Junta de Gobierno para dirigir el virreinato del Río de la Plata, representaba a estas dos fuerzas y actuaría, supuestamente, hasta tanto Fernando VII recuperarse su trono. Paulatinamente, los intelectuales más radicalizados (Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo) fueron desplazados de sus puestos de mando, y la inicial actividad febril de la Junta dio paso a una apatía simultánea con las sucesivas derrotas de las expediciones militares que debían combatir a los ejércitos españoles. La Junta fue reemplazada por el Primer y Segundo Triunvirato y daría paso, a partir de 1814, a la institución del Directorio, ejercido por una sola persona.
En 1812, con la llegada al país de San Martín, Alvear y otros argentinos residentes en Europa, se comenzó a organizar debidamente los ejércitos y a disminuir el peligro de una reconquista del poder por los españoles. Los dos militares citados, junto a O’Higgins y Vieytes, fundaron la Logia Lautaro que abarcaría en su seno a gran número de los oficiales recién formados, e impulsaron la convocatoria de la denominada Asamblea Constituyente de 1813, que aunque no llegó a declarar la independencia ni la Constitución, sentó el precedente del republicanismo y dictó medidas tales como la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa y la desaparición de la Inquisición.
La independencia fue declarada el 9 de julio de 1816, en un Congreso en el que las principales disputas se centraban en torno a la instauración o no de una monarquía, a qué dinastía europea debía pertenecer, y a los temores de autoindependizarse cuando aún no estaba garantizado el poder militar, en lo exterior, y las provincias se insurreccionaban sucesivamente contra el poder central. Ya para entonces —y mientras San Martín preparaba la invasión de Chile—, Uruguay estaba siendo invadido por las fuerzas portuguesas procedentes de Brasil, Paraguay se había separado del virreinato, y las provincias norteñas seguían en manos españolas.
La ineficacia de los círculos dirigentes de Buenos Aires —la más importante provincia del país— tanto en su política económica como militar, debilitaron considerablemente a los sucesivos directores y condujeron a que la primera Constitución (1819) fuese rechazada por las provincias, especialmente por su carácter centralista y su desconocimiento de las situaciones regionales y porque pretendía conservar los privilegios de que disponía Buenos Aires como centro político y único puerto del país. Su rechazo motivó la invasión de Buenos Aires —y la derrota de ésta en 1820— por una alianza de los más importantes caudillos, López y Ramírez, y dio comienzo a treinta y tres años en los cuales cada provincia era absolutamente autónoma de cualquier poder central.
A pesar de haber sido planeado y desarrollado por círculos restringidos de Buenos Aires, el proceso independentista encontró rápido eco en las restantes capas de la población, aunque su canalización fuese en el plano casi estrictamente militar y nunca con una noción de país, sino como apoyo a los jefes locales que iban surgiendo en cada zona. La forma gradual en que se desarrolló el proceso—aunque permanentemente plagado de combates favorables a uno u otro bando— facilitó que siguiese siendo pacífica la convivencia entre españoles y criollos, hecho que además fue fomentado por los mismos revolucionarios al incluir en la primera Junta a dos realistas —un sacerdote y un militar—sobre un total de nueve miembros.
En todo este período, escasas medidas gubernamentales tendían a la organización político-jurídica del país —e incluso la mayor parte de ellas eran cuestionadas— con lo que, al igual que en casi todos los demás países hispanoamericanos, se asistía, por un lado, a una necesidad de gobiernos fuertes y estables y, por otro, se evidenciaba la imposibilidad de estructurarlos: esos gobiernos fuertes existirían sólo a nivel provincial.
El Tratado de Amistad y Alianza que Inglaterra y España suscribieron el 5 de agosto de 1814, por el que la primera adquiría la posición de nación privilegiada en el caso de que se abriera el comercio americano a otras naciones, a la vez que no se opondría a que España recuperara sus antiguas colonias por la fuerza, comprometiéndose a garantizar la no entrega de armas a los disidentes hispanoamericanos, produjo conmoción en el Cono Sur americano y favoreció la sepultura de los gobiernos centralistas y su reemplazo por los caudillos populares regionales, sobre quienes descansaría, a partir de entonces, la lucha por la independencia.
Hasta entonces, y desde la Revolución de 1810, Argentina asistía a la incapacidad de asentamiento de su poder central, en el que disputaban la supremacía agentes al servicio de Inglaterra —como Bernardino Rivadavia, que luego sería presidente, y Carlos de Alvear— o del Brasil, como Mariano Tagle y Manuel García. Las distintas expediciones al interior organizadas por los sucesivos gobiernos de Buenos Aires habían fracasado y la detención de los avances españoles se lograba gracias a las milicias populares fomentadas y pagadas por los caudillos provinciales. El poder y prestigio de los caudillos creció paralelamente al afianzamiento militar de la independencia y su partidismo republicano impidió la estructuración de una monarquía, propiciada por los círculos ilustrados de Buenos Aires y fomentada por los agentes ingleses y brasileños.
Uno de estos caudillos, Martín Güemes (1785–1821), fue durante los últimos diez años de su vida quien defendió la frontera norte argentina de las tropas realistas que procedían del Alto Perú, mediante la organización de grupos guerrilleros de campesinos, y su influencia política crecía a medida que lograba contener el avance español, hasta hacerlo indeseable para los centralistas, que celebraron su muerte.
Francisco Ramírez (1786–1821), gobernador de Entre Ríos, y Estanislao López (1786–1838), gobernador de Santa Fe, discípulos del caudillo uruguayo José Artigas, son ejemplos típicos de los jefes regionales que asentaron la independencia y gobernaron a Argentina durante cincuenta años.
Representantes de economías arruinadas por la política librecambista del poder central, que había inundado las provincias de productos británicos, hacendados dueños de grandes extensiones, jefes naturales de las tropas de paisanos para quienes sus palabras eran órdenes, supieron combinar las necesidades de sus regiones con el patriotismo de sus seguidores, y ya en 1820 liquidaron el poder central, manteniéndose desde entonces las provincias en forma independiente, aunque confiaban el manejo de las relaciones exteriores a la de Buenos Aires.
En cada provincia representaban la ley y el orden: no forjaron instituciones, no crearon formas democráticas de gobierno, desarrollaron la artesanía e industria local y mantenían poderosos ejércitos que les garantizaban su continuidad en el mando. El desgaste del poder central en los primeros diez años de vida independiente y la incapacidad demostrada para organizar la vida política del país, ayudaron al surgimiento de los caudillos y a su mantenimiento durante medio siglo.
Distinto fue el caso del Paraguay cuya independencia se logró por un levantamiento popular, el 14 de mayo de 1811, y que durante tres años fue gobernado por una Junta. Desde 1814 hasta 1840 tuvo un solo gobernante, José Gaspar Rodríguez de Francia, que logró mantener el país alejado de las disputas entre argentinos y brasileños y le confirió una estabilidad atípica en la región. Esa estabilidad continuó al establecerse el régimen presidencial, en 1844, hasta el comienzo de la guerra de la Triple Alianza (1864–1870), que Argentina, Uruguay y Brasil desarrollaron contra Paraguay a instancias de Inglaterra, para derrocar a un gobierno que fomentaba lograr la independencia económica del país, desarrollando la industria pesada y estableciendo un proteccionismo que impedía la entrada de los productos británicos.
El desarrollo del proceso independentista en México estuvo marcado desde sus comienzos, a diferencia del resto del continente, por la participación en la lucha de las clases más marginadas de la sociedad colonial, para quienes la independencia significaba —o pretendían que así fuese— la eliminación de las desigualdades sociales.
De los cuatro virreinatos españoles, el de Nueva España era, por su riqueza y su situación estratégica, el más importante; su economía, basada en la agricultura, ganadería y minería, permitía el envío de cuantiosas riquezas a la metrópoli, con la que se solventaban también los déficits de Puerto Rico, Cuba, Filipinas y la Florida.
En el plano interior, sólo los blancos tenían acceso a la riqueza, en tanto el grueso de la población vivía en condiciones miserables. Las rivalidades entre blancos criollos y españoles derivaban, especialmente, de que los primeros sufrían también de trabas para acceder a cargos administrativos o para desarrollar libremente su economía, basada en grandes extensiones de tierras explotadas mediante el trabajo de indios, negros y mestizos.
El descontento que caracterizaba a esa sociedad fue descrito por Fray Antonio de San Miguel en un informe en el que señala que «casi todas las propiedades del reino están en manos de los blancos. Los indios y castas cultivan la tierra, sirven a la gente acomodada y sólo viven del trabajo de sus brazos. De ello resulta entre los indios y los blancos esta oposición de intereses, este odio recíproco que tan fácilmente nace entre los que lo poseen todo y los que nada tienen».
La independencia de Estados Unidos y la debilitación de España ante la invasión napoleónica fueron detonantes para esta situación, que alcanzó primero a algunos círculos de criollos influenciados por los muchos agentes ingleses y norteamericanos que pululaban por el territorio. Ya el 1 de julio de 1808 se formó una Junta de Autogobierno, a imitación de las de España, fomentada por el licenciado Francisco Primo de Verdad, aunque su existencia, aceptada en principio por el virrey, fue efímera ante la oposición de los latifundistas que acabaron con ella y nombraron a un nuevo virrey, representante de sus intereses. Las dos siguientes nuevas Juntas, una encabezada por Ignacio Allende y la otra por el cura Miguel Hidalgo, tuvieron un carácter más secreto y fueron las que dieron origen a las primeras insurrecciones contra el poder colonial.
Hidalgo (1753–1811), cura de Dolores, gozaba de una creciente popularidad por su preocupación constante por los humildes, en quienes fomentaba la educación y el mejoramiento de sus industrias. Cuando era inminente el descubrimiento del movimiento que él secretamente encabezaba, lanzó el 16 de septiembre de 1810 el «Grito de Dolores» que marca, históricamente, el comienzo del proceso independentista mexicano. De inmediato, se unieron a él millares de indios, campesinos sin tierras, esclavos y criollos, constituyendo un ejército numeroso, heterogéneo, mal armado, que comenzó la marcha sobre la capital. Desbordado por las necesidades de su gente, Hidalgo iba aboliendo a su paso la esclavitud, las cargas que pesaban sobre indios y castas, y repartiendo la tierra de los latifundistas españoles, en medio de una matanza indiscriminada de españoles, que simbolizaban la opresión que ese ejército pretendía destruir. Pero el entusiasmo de sus tropas no podía reemplazar la carencia de instrucción y, luego de una serie de triunfos, fue derrotado en Puente de Calderón, hecho prisionero y fusilado el 30 de julio de 1811.
Sus continuadores fueron Ignacio Rayón (1773–1833) y el también cura José María Morelos (1765–1815). Mientras en las sierras operaban grupos guerrilleros supervivientes del ejército de Hidalgo, Morelos y Rayón formaron una columna integrada también por los más desposeídos que, aunque sin orden ni planes, continuó durante cuatro años hostigando al poder central. En 1813, a iniciativa de ambos, se reunió en Chilpancingo el Primer Congreso Nacional que proclamó la independencia y nombró a Morelos capitán general, a instancias de los numerosos agentes norteamericanos que se hallaban junto a él y que pretendían lograr la cesión de Texas a cambio de apoyo en armas y reconocimiento legal, cesión que finalmente no se produjo. Derrotado y fusilado en diciembre de 1815, Morelos dejó como resto de su ejército un cúmulo de caudillos que en distintos puntos del territorio siguieron combatiendo, aunque careciendo de líderes nacionales y de perspectivas rápidas de lograr una independencia efectiva.
La experiencia de la participación popular en la gesta independentista, que transformaba a ésta más en una revolución social que en el puro acto de desligarse de la metrópoli, impulsó a españoles y criollos acomodados a buscar una fórmula de transación que permitiese independizar al país, pero manteniendo sus privilegios. Esa fórmula se consiguió el 24 de febrero de 1821 mediante el Plan de Iguala o Pacto Trigarante, por el que se reconocían tres garantías fundamentales: fraternidad entre españoles y mexicanos, catolicismo e independencia política. El artífice del pacto, el general realista Agustín Itúrbide, había sido quien derrotó y capturó a Morelos en la batalla de Puruarán.
A partir de entonces la historia mexicana comenzó a desarrollarse con constantes que durarían más de un siglo: choque entre liberales y conservadores (en aquel momento, partidarios de la monarquía o la república), insurrecciones campesinas en demanda de mejores condiciones de vida, caudillos locales indominables por el poder central, permanente violencia social y siempre, latente o efectivo, el peligro de la ocupación de tierras mexicanas por parte de los Estados Unidos.
Esas constantes produjeron que el primer gobierno estable fuese el de Benito Juárez (1806–1872) y que durante esos primeros treinta y seis años de vida independiente, México tuviese 37 gobernantes distintos, algunos de los cuales estuvieron varias veces en el poder, como el general Antonio López de Santa Ana, que ejerció la presidencia en siete ocasiones, todas ellas producto de sublevaciones. También en ese ínterin es cuando Estados Unidos se anexiona primero el Estado de Texas, en 1845, y, como consecuencia de la guerra que siguió a este acto, ocupasen parte del territorio —incluida la capital— y se anexionasen extensas zonas en el norte del país, ocupación que fue legalizada por el Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848).
Un año después de su proclamación como presidente, Itúrbide se hizo nombrar emperador, fundando el Imperio Mexicano, y adoptó el nombre de Agustín I, y cuyo primer acto fue suprimir el Congreso. En 1824, ya depuesto Itúrbide, se proclama la primera Constitución que declara al país república federal, cuyo primer presidente fue Victoria Guadalupe. El breve período de tranquilidad que siguió a su nombramiento se resquebrajó tras su destitución en 1829, en que se inicia la sucesión ininterrumpida de presidentes y sublevaciones.
La debilidad de las instituciones, las ambiciones personales de los jefes militares que contaban con ejércitos propios, el permanente clima de violencia social derivado de las miserables condiciones de vida de la población, la penetración constante de su territorio por colonos norteamericanos (cuando no por tropas) y la presión de las potencias europeas (especialmente Francia) sobre el país, contribuyeron a fomentar la anarquía que envolvió a México durante todo el siglo XIX y que impidió el desarrollo de su economía, tan próspera en tiempos de la colonia, ya que por un lado se mantenían estructuras agrarias atrasadas y por otro los campos eran asoladas por las guerras, y las minas despobladas para abastecer los ejércitos.
A diferencia de todo el resto del continente, el proceso independentista mexicano no consistía sólo en que los criollos desplazaran a los peninsulares, sino que al intervenir en forma masiva, los peones y con ellos todo tipo de gente del pueblo, se hicieron promesas de reparto agrario, de abolición de la esclavitud y otras cuestiones que eran ya típicas del pensamiento ilustrado español, pero que en la colonia sacudían a las inmensas masas de desposeídos. Las muertes de Hidalgo y Morelos significaron la pérdida de ese aspecto popular de la independencia y de que la mayor parte de esas promesas nunca fueran satisfechas.
