Apéndice 5. Contrapesos y respaldos en el ejercicio del poder
De Mienciclo E-books
EL presidente de los Estados Unidos detenta la mayor concentración de autoridad que se da en un sistema democrático. Cuando hace dos siglos los Padres Fundadores confeccionaron la Constitución americana, quisieron dotarla de un ejecutivo fuerte, encarnado no en un Gobierno, sino en un presidente —inspirados hasta cierto punto en la figura del monarca europeo—. Para moderar la autoridad de éste fue diseñado un sistema de contrapesos a dos niveles: la división de poderes entre la Unión y los Estados federados y la división clásica entre el Ejecutivo, el Legislativo, y el Judicial. Sin embargo, a lo largo de estos doscientos años, el desarrollo territorial y demográfico de los Estados Unidos, la creciente complejidad de la sociedad americana y la enorme influencia de Norteamérica en la política mundial, han ido deteriorando el sistema de contrapesos y robusteciendo cada vez más a la institución presidencial.
La Constitución americana delega en la Unión una serie de poderes, expresos o implícitos, y reserva a los Estados todos los poderes no delegados a la federación. En la práctica, sin embargo, los poderes estatales se han visto recortados continuamente por un Gobierno federal que era el único capaz de enfrentarse a los enormes problemas de Estados Unidos como gran potencia, tanto a nivel interior como exterior. Hay que señalar que la expansión del poder federal se ha apoyado siempre en fuertes movimientos populares, que veían en ella una garantía para la mejor administración del país. El momento de mayor tensión entre la Unión y los Estados lo marca la guerra de Secesión, resuelta a favor de la primera. A partir de entonces la autoridad central es cada vez más poderosa, culminando el proceso en tiempos de Franklin D. Roosevelt, cuando se puede decir que «el federalismo existe como estructura teórica de la Unión, pero ha perdido fundamento en la conciencia pública.»
Roosevelt es, precisamente, el hombre que da la figura del moderno presidente americano, casi todopoderoso. Su enfrentamiento a la crisis económica y sus secuelas, a las grandes catástrofes naturales que azotan a Estados Unidos y, finalmente, a la guerra mundial, fue ocasión y excusa para que concentrase en sus manos grandes poderes, sustraídos por una parte a los Estados y por otra a los contrapesos establecidos a nivel federal: el poder Legislativo (Congreso) y el poder Judicial (Tribunal Supremo).
Teóricamente la Constitución establece una rígida separación de los tres poderes, fundamento del sistema democrático, aunque matizada por el sistema de frenos y contrapesos. Así, el Legislativo influye sobre la Judicial mediante la organización de este Poder (y el desempeño de funciones judiciales en los casos de «impeachement») y sobre el Ejecutivo (que necesita el acuerdo del Congreso para el nombramiento de cargos, ratificación de tratados y declaración de guerra). El Judicial influye sobre el Legislativo (estableciendo reglas de procedimiento legal y usando el derecho de gracia). Y, finalmente, el Ejecutivo influye sobre el Judicial (nombrando a los jueces del Tribunal Supremo y sobre el Legislativo (mediante la utilización del veto, del mensaje —que supone una iniciativa legislativa—, las convocatorias extraordinarias y la legislación delegada).
Pero aparte de estas influencias previstas por la Constitución, los presidentes autoritarios han encontrado dos medios de extender su área de poder. En primer lugar el «leadership», el caudillaje político que, ordinariamente, ejerce el presidente sobre el pueblo americano, puesto que si el Congreso representa al pueblo, el presidente lo encarna, defendiendo además el interés general de la nación, frente a los particulares (de partidos, grupos de presión, etc.) que defiende el Congreso. Esta identificación del pueblo con el presidente y frente al Congreso ha respaldado moralmente al primero en su intromisión en el área del segundo.
Por otra parte, los poderes que la Constitución concede al Ejecutivo han ido ampliándose implícitamente y cobrando cada vez más importancia con la evolución histórica. Dos poderes presidenciales destacan sobre todos: la dirección de la política exterior (que elude el control del Congreso mediante la firma de Convenios en vez de Tratados) y la jefatura de las Fuerzas Armadas que, entre otras cosas, autoriza al presidente a usar fuerzas militares donde lo exijan los intereses americanos (así pudieron Kennedy y Johnson meter a Estados Unidos en la guerra de Vietnam sin autorización del Congreso, puesto que no hubo declaración de guerra) y, sobre todo, le da el máximo poder que existe sobre la tierra: el de desencadenar una guerra atómica con una simple decisión individual.
Pero hay unos contrapesos del Ejecutivo que no están previstos constitucionalmente. En primer lugar, los dos partidos que monopolizan la actividad política en Norteamérica. Un presidente puede prescindir de su partido para gobernar, pero no puede prescindir de él para llegar a ser presidente. En segundo lugar, los grupos de presión socioeconómicos, desde las minorías étnicas (judíos, irlandeses, etc...) que influyen con su peso electoral, a los grupos de interés económicos, cuyo poder en la sombra es difícil de evaluar, pero evidente (el mismo asesinato de Kennedy se ha atribuido a la reacción de un grupo de presión disgustado por la política presidencial). Por último, la prensa, cuyas batallas contra la política gubernamental en los últimos años han culminado en el caso Watergate. La denuncia que el diario Washington Post hizo de la actuación de Nixon dio paso, por otra parte, a una enérgica reacción del Legislativo frente al Ejecutivo, acudiendo el Congreso al arma definitiva que tiene frente a la Presidencia: el «impeachement», procesamiento de un alto magistrado en el que la Cámara de Representantes realiza la instrucción y el Senado juzga. La sentencia condenatoria hubiera entrañado la destitución del presidente, que para evitarla se vio forzado a dimitir.