Apéndice 4. La España Económica del Siglo XIX

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Introducción

AL comenzar el siglo XIX, la estructura agraria española es eminentemente feudal. La primera tentativa para modificar esta situación surge del gobierno afrancesado de Madrid de 1808, al abolir el régimen señorial, pero no alcanzará verdadera efectividad hasta que las Cortes de Cádiz decretan el 6 de agosto de 1811: «Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban incorporarse a la nación.» En el mismo decreto se suprimían los derechos exclusivos o monopolios del señor sobre pesca, hornos, molinos, etc. Esta reforma tenía indudable trascendencia, pero quedó reducida por los vaivenes de la política, ya que durante el período absolutista de Fernando VII los señores fueron reinstaurados en sus derechos. Sin embargo, la orientación marcada por las Cortes de Cádiz resultaría irreversible a la larga a pesar de la oposición de los estamentos feudales y absolutistas.

Otro decreto de las Cortes de Cádiz disponía la parcelación de las tierras de propiedad municipal (baldíos y propios). La mitad de estas tierras fueron destinadas a la venta y la otra mitad fue repartida entre los que luchaban en los campos de batalla y los vecinos que careciesen de medios económicos.

La política desamortizadora de Mendizábal

Si la primera tentativa de reforma agraria se hizo en plena guerra de la Independencia, la segunda y más importante comenzó en plena guerra Carlista por impulso de Juan Alvarez de Mendizábal, banquero gaditano de ideología ultraliberal. Las leyes de Mendizábal tendían tanto a desarmar a la Iglesia, enfeudada con el absolutismo carlista, como a dotar al ejército isabelino de suficientes medios para aplastar a las sublevadas huestes carlistas. Ricardo de la Cierva dice sobre este tema lo siguiente: «El “presupuesto” de la Iglesia antes de 1834 equivalía, según Artola, al del Estado; las tierras de propiedad y fuero eclesiástico sustraídas totalmente al mercado inmobiliario y, por tanto, en “manos muertas” —según la expresión ilustrada— suponían unos cuatro millones de hectáreas, es decir, un dieciocho por ciento del total de la tierra cultivable». Esta política de claro signo anticlerical y que frecuentemente ha sido calificada por escritores derechistas de «inmenso despojo» e «incalificable latrocinio», culminó en la disposición de 19 de febrero de 1836, la cual, según Vicens Vices, «declaró de propiedad nacional los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de las comunidades e instituciones religiosas de ambos sexos, y dispuso que se sacaran a pública subasta. Según el preámbulo de la Ley, esta transferencia de propiedades debía realizarse en beneficio de los labradores y no debía perjudicar al clero regular, ya que éste conservaría la renta que obtenía de sus antiguas propiedades y de la cual el Estado se hacía responsable».

Aunque la desamortización la inició Mendizábal en gran escala, sufrió tantos accidentes y demoras que sería farragoso enumerarlos. Como escribe Millet y Bel: «Los gobiernos liberales o revolucionarios decretaban la desamortización y los moderados se contentaban con detenerla sin hacer marcha atrás; después venían gobiernos liberales que la ponían nuevamente en vigor, y así diversas veces hasta llegar a consumarse la total desamortización». Ramón Tamames, por su parte, resume de esta manera las consecuencias de la desamortización: «Casi un siglo después de su terminación, es todavía difícil emitir un juicio definitivo sobre la desamortización. Desde luego, era un paso necesario en la revolución burguesa, como lo ha sido en todos los países. El aspecto positivo de la desamortización fue que con ella entró en la corriente económica una gran extensión de tierras explotadas con muy escasa intensidad y que hasta entonces habían constituido un pesado lastre para el desarrollo económico de España. Por otra parte, la obra desamortizadora, en la que los economistas y hacendistas habían puesto todas sus ilusiones, no constituyó la esperada panacea para nuestra agricultura. La desamortización hizo que nuestro campo pasara de tener una estructura feudal a tener una estructura capitalista, si bien con vestigios feudales todavía muy importantes. Los latifundios sucedieron a los mayorazgos y a las posesiones de la Iglesia, y se nutrieron, además, con los bienes comunales, arruinando a los ayuntamientos. Es indudable que con la desamortización se hizo posible el aumento de la población al roturarse tierras antes incultas, pero el panorama social no cambió sustancialmente. En extensas zonas del país unos cientos de familias siguieron detentando la propiedad, y los yunteros se vieron privados de la mayor parte de los aprovechamientos comunales. A los siervos emancipados sucedieron los braceros y jornaleros; en pocas palabras, se originó un vasto proletariado agrícola, cuyo mayor anhelo pasó a ser el reparto de tierras.»

Desarrollo industrial

Dice Ramón Tamames que el desarrollo industrial no es un fenómeno espontáneo y aislado, sino que gira alrededor de una serie de factores y circunstancias que frenan o impulsan el proceso. Estos factores son: espíritu de empresa, técnica, capital real, capital financiero, nivel de demanda. Al referir estos cinco factores a la España de finales del XVIII y los dos primeros tercios del XIX, vemos que carecía de la mayor parte de ellos y esto fue la causa del tardío y dificultoso desarrollo industrial.

Del análisis de estos cinco factores clásicos de una industrialización tipo se desprende, según el referido autor:

a) El espíritu de empresa. Notamos en la España del XVIII el agotamiento producido por la conquista y la evangelización del Imperio a lo largo de dos siglos; en contraste vemos un pleno desarrollo industrial en Inglaterra y Holanda; hay quien afirma (J. E. Casariego) que la causa del atraso industrial fue la dura lucha que hubo que mantener con la rutina y el indiferentismo de la masa española.

b) La técnica. La ciencia precede casi siempre a la técnica, y si nuestro desarrollo científico ha sido escasísimo, necesariamente lo ha tenido que ser el técnico. A lo largo de nuestra historia vemos el bajo nivel de nuestra técnica. Menciona el porcentaje de analfabetismo en el siglo XIX (1887): 54,2 por 100 de los hombres y 74,4 por 100 de las mujeres.

c) El capital real. Los recursos naturales del país no faltaban (hierro, plomo, cinc…) pero su aprovechamiento no fue posible, dada, primero, la causa ya mencionada de la falta de espíritu de empresa y, en segundo lugar, que la técnica no estaba preparada para tal exigencia.

d) El capital financiero. Los recursos monetarios para financiar el desarrollo industrial eran insuficientes por completo.

El capital de los particulares consistía en la propiedad inmobiliaria; el Estado, por su parte, no podía facilitar ayuda, puesto que no solamente no llegaba oro de América, sino que la deuda pública era tan grande que resultaba imposible cualquier auxilio. Las posibilidades de inversión eran nulas y fue la inversión extranjera y la repatriación de capitales españoles de Cuba y Filipinas lo que promocionó nuestro desarrollo industrial.

e) Falta de nivel suficiente de demanda. En 1797 la población española ascendía a 10,5 millones de habitantes, cifra muy baja si tenemos presentes que en Inglaterra y Francia había por aquellas mis mas fechas 20 y 30 millones de habitantes respectivamente.

Por otra parte, también señala Tamames que la estructura política absolutista y semifeudal de España hasta el segundo tercio del XIX fue, sin duda, una grave dificultad para el desarrollo.

Paradójicamente, la España imperial tuvo que recurrir al capital extranjero para iniciar su modesto despegue industrial. La consecuencia fue que mientras nos desangrábamos por mantener los restos de un imperio agonizante, el capitalismo extranjero esquilmaba nuestros recursos nacionales en provecho de las naciones inversoras. Veamos lo que dice Nicolás Sánchez Albornoz en relación con la industria de la minería: «Las nuevas cuencas mineras fueron puestas en explotación por obra de empresas extranjeras que invirtieron capital en España. Las ganancias obtenidas por estas empresas no fueron remitidas al país inversor, por lo que los capitales así ganados no alentaron transformaciones ulteriores del país… La minería constituyó un «enclave» de los países importadores, ya que no llegó a formar parte de la estructura económica interna de España y en consecuencia más bien fue una prolongación de los países inversionistas. Las exportaciones mineras tomaron una participación creciente en los valores del comercio exterior. No por eso se creó de este modo un flujo continuo de recursos suficientes, por ejemplo, como para equilibrar la balanza comercial en déficit crónico, o como para remover los «estorbos» que frenaban el «fomento» del país, para usar el vocabulario de la época.»

Igualmente se puede decir de la red ferroviaria, impulsada por el marqués de Salamanca con capitales franceses e ingleses. Esta situación de coloniaje económico produjo innumerables conflictos, pues como dice Perpiñá, «en cuanto terminó el período álgido de constituciones de empresas extranjeras, y se prosiguió la compra al exterior de raíles, locomotoras y otro material industrial, la peseta empezó a ceder; pero cuando ya hubo de comprar divisas para satisfacer intereses y beneficios por empréstitos públicos exteriores y de empresas poseídas por extranjeros, y también cancelar principales y pagar rentas sin suficientes remesas de capital en divisas, nuestra moneda se derrumbó, a pesar de que ya tendidas gran parte de las vías férreas y ya importado gran parte de su material, la importación de equipo menguara, y decreciera también el resto de otras importaciones, porque la baja del cambio la encarecía e imposibilitaba, mientras que facilitaba nuestras importaciones; pero ficticiamente, pues, en realidad lo que hacíamos era ofrecer las mismas cantidades de vino, de aceite, de pasas, de regaliz, de almendras y avellanas, de minerales de cobre, hierro, cinc y plomo, cada año por un precio menor. Ese acercarse al equilibrio de nuestra balanza comercial, en lugar de signo favorable era expresión de pérdida de nuestro patrimonio; era, en realidad, una curva de anemia de nuestro comercio exterior.»

En el contexto económico de la España decimonónica se perfilan ya los dos grandes centros industriales que arrancaron de Barcelona y Bilbao. Del primero dice Vicens Vives: «A fines del XIX la industria textil catalana continuaba siendo el complejo técnico y comercial más evolucionado de España». Y del segundo escribe Ricardo de la Cierva: «Durante la Restauración, España es el primer productor de Europa en plomo, cobre, hierro y, por supuesto, mercurio. Es también el gran momento de la ría de Bilbao; desde 1877 se rebasa el millón de toneladas en la producción de un excelente mineral de hierro, muy apreciado por la siderurgia británica; el arranque de la exportación coincide con la pacificación de Alfonso XII y alcanza su máximo —millón y medio de toneladas— en 1899. Ello permite al capital industrial bilbaíno unos ingresos anuales de cien millones de aquellas pesetas, con lo que se financia, inteligentemente, la industrialización de la ría.»

Por estas fechas se había producido ya, según Tuñón de Lara, «el pacto histórico terratenientesgran burguesía, mil veces más importante que el llamado pacto del Pardo, y a fin de cuentas, ni el uno ni el otro estaban escritos sobre un papel». De esta manera la propiedad se erige en fundamento único del orden social de la Restauración. Al margen del sistema quedarán las grandes masas de campesinos proletarizados que se organizan en torno al anarquismo, socialismo y sindicalismo creando los focos de permanente subversión en las grandes ciudades.