Apéndice 3. Las Fuerzas Armadas en la España del Siglo XIX
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Introducción
NO es una casualidad que Benito Pérez Galdós, el gran escudriñador de España, comenzara la formidable epopeya narrativa de los Episodios Nacionales con Trafalgar, ni que esto ocurriera en 1873 en que el proceso revisionista español alcanzaba su máximo apogeo con la proclamación de la I República (11 de febrero de 1973). En la batalla de Trafalgar (1805) la España imperial, aliada y vasalla de Napoleón Bonaparte, que se ha proclamado emperador de los franceses en 1804, sufre una derrota total, «un desastre —dirá Ricardo de la Cierva— que condicionará toda la historia del siglo XIX. España perdía su flota de guerra; América quedaba a merced de los vientos de la historia. Desde esa jornada España ya no era una gran potencia. Estaba a disposición de Europa».
Si en Trafalgar pierde España el derecho a figurar entre las potencias europeas al perder su escuadra, subordinada a un almirante francés inepto, y con ella va a perder también su inmenso imperio ultramarino, la invasión napoleónica y la degradación de sus clases dirigentes ponen en peligro la misma nacionalidad. Como podemos ver a través de las páginas de Galdós. España se halla gobernada por figurones. Un Carlos IV dominado por la política de alcoba de la reina María Luisa de Parma, dominada a su vez por Godoy, el favorito colmado de honores que se entrega deslumhrado a la aventura napoleónica con una aristocracia cortesana que sólo aspira a perpetuar el goce de sus riquezas y privilegios. El país no cuenta. El pueblo carece de voz en este tinglado de farsantes. Ni siquiera sospecha la indignidad de sus gobernantes. Y cuando empieza a intuir que la corona falla en su misión soberana, se revuelve inquieto. El motín de Aranjuez (17–18 de marzo de 1808) es un primer aviso. Los sucesos que darán lugar a la desaparición de Godoy de la escena política y la abdicación de Carlos en favor de su hijo, Fernando VII, no son enteramente espontáneos. Como muy bien dice Galdós, Aranjuez estaba lleno de tropas y personas extrañas que las agitaban: «Eran cocheros, palafreneros, pinches, mozos de cuadra y lacayos del infante don Antonio y del príncipe de Asturias». Por allí también andaba el intrigante conde de Montijo con la bolsa abierta al soborno de los remisos. El motín estalló como una tromba. José Ramón Alonso escribe sobre el particular: «En la noche del 17 al 18 de marzo de 1808 —una noche triste en la historia española, que tuerce sus destinos— todo quedó en silencio desde las diez y media. A la una y media de la noche una patrulla del príncipe de la Paz se tropezó con un pelotón de guardias de corps. ’’Se oyó un pistoletazo y tras él otros varios —dice el mismo manuscrito anónimo—, a cuya señal comenzó a resonar el clarín de las guardias. Al momento aparecen gentes de todas partes, y las guardias española y valona sobre las armas, unos a rodear el palacio, otros la casa del príncipe de la Paz.” El resto es bien conocido: Godoy, oculto, envuelto en una alfombra dentro del desván, y su casa saqueada. Diego Godoy, teniente general, fue despojado de sus insignias y conducido en pleno motín al cuartel de su regimiento. “Pernicioso ejemplo, entonces aplaudido y después renovado en ocasiones más calamitosas”, dice el conde de Toreno. En los meses siguientes, bastantes altos jefes del Ejército perecerían asesinados, víctimas de las pasiones populares.»
El mismo autor dice «que a las diez de la mañana del 19, medio muerto de sed, Godoy salió de su escondite y fue arrastrado hasta el cuartel de guardias atado a un caballo, mientras los revoltosos le apedreaban y le pinchaban con navajas. Conocedor Carlos IV del suceso, envió a su hijo a socorrer a Godoy, a quien dijo que le perdonaba la vida.
«¿Sois ya rey?» —preguntó el generalísimo caído, casi desnudo y lleno de sangre.
«Todavía no, pero luego lo seré».
Lo sería a partir de las dos de la tarde en que su padre firmó la abdicación. Así comenzaba uno de los reinados más funestos de todos los tiempos y también el más indigno, pues el ejército y el pueblo, que respaldaron su ascensión con entusiasmo, se verían defraudados en la confianza que depositaron en aquel príncipe felón que, a las primeras de cambio, se entregaría a Napoleón y abdicaría de la corona que había arrancado a su padre.
Estos acontecimientos trasladan la crisis de la camarilla palaciega a la calle y el pueblo empieza a tomar parte como verdadero protagonista. Sin duda Napoleón conocía muy bien la degradación de las clases dirigentes españolas, pero ignoraba la disposición de un pueblo poco propicio a tolerar las injerencias extrañas. Bastó que el general Murat ordenase el traslado forzoso del resto de la familia real española a Bayona, donde ya se encontraban Fernando VII y su padre Carlos IV, para que la chispa saltase en Madrid y se encontrase no con un motín orquestado, sino con un verdadero levantamiento popular. En la sangrienta jornada del 2 de mayo de 1808 estalla la cólera popular ante la osadía de Napoleón y las pasivas autoridades españolas. En Madrid hay 60.000 soldados franceses con Murat a la cabeza. La guarnición española sólo contaba con 3.000 hombres y se hallaba prácticamente prisionera del ejército napoleónico. Sólo unos cuantos oficiales, como el teniente Ruiz y los capitanes Daoíz y Velarde, se ponen al frente del pueblo que se bate en las calles. La represión fue brutal. El mismo Napoleón dirá que murieron más de 2.000 hombres del populacho en una ciudad que contaba con 200.000 habitantes.
Como dice Ricardo de la Cierva, serán el modesto alcalde de Móstoles y el pueblo madrileño los que declaren la guerra al invasor napoleónico, en tanto sus reyes y clase dirigente vacilaban o se entregaban a las mayores vilezas. Este hecho verdaderamente revolucionario en la historia de España es el comienzo de la Guerra de la Independencia y la iniciación de un proceso revolucionario que todavía no se ha cerrado. Las instituciones del antiguo régimen quedan arrumbadas no sólo por inútiles, sino porque han hecho causa común con el invasor. Pero cosa curiosa, nadie discute los derechos de la corona como fuerza aglutinante y representativa del Estado ni los ideales en que se sustenta. Fernando VII sigue siendo «el Deseado» y el grito que recorre toda la geografía hispánica es el de «Dios, Patria, Rey». Sin embargo, ninguna de las instituciones del antiguo régimen subsiste. El poder pasa a las Juntas Supremas Provinciales, las cuales terminarán agrupándose en la Junta Suprema Central. En este trasvase de poderes jugarán un papel importante los que hasta entonces no habían tenido apenas representación en el contexto aristocrático y centralista borbónico: artesanos, menestrales, profesionales, hidalgos y líderes populares surgidos al calor de la lucha.
Si las humillantes abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, en Bayona, dejaron acéfalo a un ejército que, como dice José Ramón Alonso, estaba «acostumbrado al más riguroso cumplimiento de subordinación y disciplina», el clamor que surgía del pueblo llamándole al combate contra el invasor, no tardaría en ejercer su efecto. Al comenzar el mes de junio toda España se hallaba en armas. A este respecto escribe José Ramón Alonso: «El marqués de la Romana —entonces todavía en Dinamarca—, Blake, Cuesta, Castaños, Réding, Palafox, Santa Cruz de Marcenado, Hidalgo de Cisneros y Moría, entre otros, tendrían la realidad del poder en unas juntas improvisadas. Los que pretendieron resistir al nuevo poder o esperar órdenes que nadie podía dar fueron asesinados, y así ocurrió con Solano en Cádiz —defendido espada en mano por el comandante José de San Martín, futuro libertador del Perú—, Perales en Madrid, Filangieri en Galicia, Cevallos en Valladolid, Ordónez en Palencia, Aguila en Sevilla, Trujillo en Granada, Torre del Fresno en Badajoz y Albalat en Valencia. Mientras las juntas discutían interminablemente, como nuevas «taifas», sobre los generales recae la tarea inmensa de contener a las tropas de Napoleón y, si es posible, derrotarlas. Es el Ejército quien organiza y dirige en el momento en que, en la crisis general del Estado, un pueblo carente de gobierno reclamaba una dirección y un mando. El 10 de junio se rendía en Cádiz la escuadra francesa de Rosilly, y al comienzo de julio el alzamiento se imponía hasta en las Canarias, donde Casa Cagigal, primero, y O’Donnell, después, asumieron un poder vacante.»
La opinión de Napoleón sobre la dinastía española y la nobleza no podía ser más deleznable. Pero aún era peor lo que pensaba del pueblo español, quizá por considerar que tenía los gobernantes que se merecía. Sin embargo, el dominador de Europa se iba a equivocar al decir que a los españoles «no se les puede comparar más que a los “felahs” de Egipto»…, lo más innoble que había conocido en sus aventuras conquistadoras.
Al parecer, la situación militar española al desencadenarse la crisis no era tan mala como el panfletismo de la época nos ha hecho creer. Veamos lo que dice Gómez Arteche sobre la situación del ejército: «La nación veía en Godoy, y no sin fundamento, el origen de muchas de sus desgracias y la causa quizás única de su ruina ya inminente, pero preciso es reconocerlo, el Ejército le debía muchos cuidados y protección no escasa. Sea por inclinación natural o porque los reyes vieran en derredor suyo el lujo y el bienestar que en nadie podían admirar más de cerca que en las tropas, lo cierto es que éstas fueron objeto de una predilección especial de parte del generalísimo.» No hay que olvidar que Godoy, como todos los dictadores, cuidaba mucho de las apariencias.
El mayor problema es que aquel ejército compuesto a principios de 1808 de 87.201 infantes y 16.623 oficiales y soldados de caballería, entre los que figuraban 6.971 artilleros y 1.223 ingenieros, es que una buena parte de él se hallaba disperso al servicio de las empresas napoleónicas o sirviendo la ambiciosa estrategia francesa. Según José Ramón Alonso, el Ejército español tiene un cuerpo en Baleares, otro en Dinamarca, un tercero en Oporto, otro más en Lisboa y un quinto en los Algarves, más el que guarnece el Campo de Gibraltar. Gómez Arteche considera que las fuerzas militares españolas que se encuentran fuera de sus fronteras son 38.660.
El total de las fuerzas armadas españolas al comenzar la Guerra de la Independencia era de 135.000 hombres, incluidos los 32.418 hombres de las milicias urbanas y los 12.000 del cuerpo de Infantería de Marina. Por lo demás, la marinería de los barcos era muy escasa, ya que los navios se hallaban casi todos desarmados en los arsenales. La alianza con Napoleón y el enfrentamiento con Inglaterra habían resultado funestos para la escuadra de guerra. Para hacernos una idea veamos lo que dice José Ramón Alonso: «De los 285 buques con que se contaba en 1790, quedaban en 1807 tan sólo 42 navios, 21 fragatas y 32 corbetas, bergantines y buques menores, pero de los 42 navios de escuadra no menos de 17 estaban desarmados en los puertos. Se habían dado seis navios a Francia en 1800, y se habían perdido cuatro en San Vicente, tres en la isla de Trinidad, dos en el estrecho de Gibraltar, dos en el combate de Finisterre y 12 en Trafalgar. Con los recursos de los arsenales y las piezas de los buques se armó parte del Ejército de 1808–1814, y casi todo el resto de los barcos se pudrió en los puertos, privados de todo equipo para navegar.»
Aunque Pérez Galdós califica a las guerrillas de «anarquía reglamentada que reproducía los tiempos primitivos», su papel en el transcurso de la guerra fue de singular importancia, pues si no ganó grandes batallas, creó una táctica móvil de hostilizar al enemigo que rompió todo su sistema de comunicaciones. Tanto prestigio alcanzó este sistema de enfrentarse con ejércitos regulares de importancia que mereció los elogios de Fitche, y en la guerrilla española se inspiró el reglamento de la Landsturm prusiana en 1813. Su eficaz estrategia ha llegado hasta nuestros días y todavía la siguen practicando los movimientos de liberación nacional y ha servido de inspiración a Mao Tse–Tung para crear todo un sistema de tácticas revolucionarias.
Muchos historiadores han considerado decisiva la ayuda militar inglesa en la Guerra de la Independencia. Sin duda fue importante la aportación de Inglaterra en la península, pero el contingente de sus tropas nunca llegó a rebasar los 50.000 hombres, mientras el ejército regular español alcanzó 215.000 a lo largo de la campaña, y los cuerpos de guerrilleros sumaron otros 50.000. Sin embargo, es forzoso reconocer que el duque de Wellington fue un jefe de gran experiencia militar y muy conocedor de las tácticas napoleónicas.
El artífice principal de la derrota napoleónica en la península fue, sin duda, el Ejército español, que supo adaptarse a la nueva situación y asumir la defensa del país en un período lamentable. Su identificación con el pueblo fue completa. Como muy bien dice Carlos Marx: «El Ejército resultó ser el único lugar en que podían concentrarse las fuerzas vitales de la nación española». Pérez Galdós, por su parte, afirma: «No hay España sin libertad, y no hay libertad sin Ejército.» Y ambos tienen razón, porque el Ejército fue la columna vertebral que sostuvo el ingente esfuerzo de expulsar a los invasores.
José Ramón Alonso nos da el balance de los seis años de guerra: «En cuanto a las pérdidas de la guerra, Marbot las evalúa en 200.000 franceses y 60.000 entre sus aliados, italianos, sajones, bávaros, hesseses y sobre todo polacos. Las pérdidas es casi imposible cifrarlas. Los muertos españoles nunca fueron censados, pero cerca de 500.000 perecieron entre 1808 y 1814, víctimas de sus heridas, de las epidemias e incluso de hambre. La Deuda pública se elevaba a 12.000 millones de reales, o sea, unas veinte veces los ingresos anuales del Estado. España se había desplomado sobre su rango de gran potencia, y tras los años heroicos comenzaban para el Ejército y la Marina los años amargos. El gran calvario de una nación iba a consumarse en una década con la pérdida de las provincias americanas.
La era de los pronunciamientos
El 22 de marzo de 1814 cruzaba la frontera por la línea Fluviá, Fernando VII entre grandes aclamaciones. En su pasaporte francés usaba el título de conde de Barcelona. Para obtener su libertad había firmado la paz por separado con los franceses en la que se comprometía a respetar a los afrancesados y expulsar a los ingleses. Ni las Cortes estaban dispuestas a rubricar el tratado de Valençay ni a pasar por las horcas caudinas del absolutismo fernandino. Como contrapartida para aceptarle como rey, exigían las Cortes que Fernando VII jurase la Constitución de 1812. Aquel rey que, al decir de sus adversarios, no parecía haber «aprendido nada», lo primero que se propuso fue destruir el sistema constitucionalista de 1812.
La presencia de Fernando VII agrupó en torno suyo a todos los reaccionarios, absolutistas y conservadores que veían con antipatía la legislación liberal surgida de las Cortes gaditanas. Al llegar a Valencia, el capitán general Francisco Javier de Elío proclamó a Fernando VII rey en la plenitud de sus derechos. Prácticamente era un golpe de Estado contra las Cortes. Por otra parte, el 12 de abril se habían reunido en Madrid 79 diputados conservadores bajo la presidencia de Antonio Joaquín Pérez y habían suscrito el famoso documento llamado «manifiesto de los persas».
El plan para acabar con el constitucionalismo liberal estaba listo. Tras situar en Madrid fuerzas militares adictas al rey, en la noche del 10 al 11 de mayo se inicia la ofensiva contra los liberales arrestando a sus dirigentes más destacados y disolviendo las Cortes. El decreto de disolución, que tiene firma del 4 de mayo, dice el conde de Toreno que «llevó la pluma, haciendo de secretario, Antonio Moreno, ayuda de peluquero que había sido en palacio». De esta manera se consumaba la destrucción del sistema liberal y empezaba una larga década de represión política.
La deslealtad del rey con los constitucionales y su entrega a la camarilla reaccionaria, que aspira a restaurar el viejo sistema de privilegios, va a ser un continuo semillero de discordias. El malestar crece en todas las esferas y muy especialmente en el Ejército, que es donde se ha producido una renovación más completa. La parcialidad del rey y sus seguidores iba a crear las condiciones más idóneas para la creciente intervención del Ejército en los asuntos políticos. Apenas se instala Fernando VII en Madrid y asume las riendas del poder como si en España no hubiera ocurrido nada, comienza la era de los pronunciamientos militares. Reducido el liberalismo a la huida, el exilio o la clandestinidad, se manifiesta en el Ejército la rebelión contra la restauración del viejo sistema de castas. Como dice José Ramón Alonso, «los “pronunciados” son casi siempre hombres jóvenes que pertenecen a la nueva generación militar improvisada en la guerra, y extraños por completo a los viejos cuadros nobiliarios a los cuales ha devuelto su poder el soberano». El primer pronunciado es Espoz y Mina, que se subleva en septiembre de 1814. El general Porlier lo hace en 1815. En 1816 se descubre la llamada «conspiración del triángulo». En 1817 se subleva el general Lacy. El general Elío hace abortar la conspiración de Vidal en enero de 1819. Y en 1820 se produce el golpe de Cabezas de San Juan… Un rosario de calamidades en una España fraccionada y dividida al máximo. Todos los pronunciados son hombres prestigiosos que han ganado sus entorchados en los campos de batalla y se encuentran más o menos respaldados por fuerzas civiles contrarias al absolutismo fernandino.
Mientras a los jefes militares se les posterga, en la corte reina el más extravagante favoritismo. Uno de los favoritos del rey es Paquito Córdoba, quien pasa de simple guardia de corps a convertirse en duque de Alagón, grande de España, caballero del Toisón y capitán de la Guardia Real, con el grado de teniente general. En Memorias de un cortesano de 1815 dice Galdós de este personaje: «No se crea que el duque era aficionado a la guerra. El ruido le daba dolor de cabeza. Hasta los nueve años no tuvo mi niño su real despacho, merced a los méritos contraídos por su madre como dama de honor. A los once ya le lucían sobre los hombros dos charreteras como dos soles, sin omitir el sueldo, que no era mucho para el ímprobo trabajo de ir todos los meses a presentarse a la revista… Daba gusto ver aquella guardia. Paquito la puso en tan buen pie, que no parecía sino cosa de teatro. Verdad es que se gastaban en su equipo sumas colosales, de las cuales nunca se dio al Tesoro, ni había para qué, la correspondiente cuenta y razón… Acontecía que muchas veces los oficiales del ejército de línea no veían una paga en diez meses, pero ¡qué demonio!, no se podía atender a todo… Los marinos, a quienes se debía la bicoca de 70 pagas, no dejaban pasar un mes sin ridículos memoriales que destilaban lágrimas. Harto hizo su majestad permitiéndoles consagrarse a la pesca… A Córdoba su majestad le hizo cesión de una parte del territorio de Florida. No bastando esto, concediósele también el privilegio de introducir harinas en la isla de Cuba con bandera extranjera, el cual derecho valía por una minita de oro.»
La sublevación de Cabezas de San Juan abre un paréntesis liberal de tres años en el espeso conglomerado absolutista. Con 1.500 hombres, Riego va a conseguir resquebrajar el sistema absolutista. El triunfo de la sublevación hay que achacarlo más que a sus escasas fuerzas a la indiferencia y apatía que reinan en el ejército fernandino y a la raigambre del liberalismo en sus filas. En las andanzas de Riego por las provincias de Cádiz y Málaga, un músico del batallón compuso el famoso Himno de Riego con letra de Evaristo San Miguel, que luego se convertiría en el himno de la República. La sublevación tenía un sentido constitucionalista, y en el transcurso de tres meses consiguió atraerse numerosas guarniciones. Al final, Fernando VII solamente pudo contar con el general Elío para reprimirla, pero el voluble y caprichoso Fernando VII optó por proclamar la vigencia de la Constitución de 1812. En su Manifiesto dirigido al país decía: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional».
De este período, escribe Pío Baroja: «Los liberales, en el período histórico de 1820 al 23, eran en España la minoría. Sus fuerzas estaban en las ciudades. Tenían que obrar de una manera dictatorial. El campo y la mayoría de las ciudades eran absolutistas». En las elecciones convocadas triunfó por primera vez la burguesía, y Riego fue el presidente de la nueva Cámara. Pero no hay que hacerse ilusiones democráticas, porque en estas elecciones, como en las que se habían celebrado antes y en las que se celebrarían hasta 1868, la elección se realizaba por un sistema indirecto y restringido en el que apenas si podía intervenir el dos por ciento de toda la población.
Este primer ensayo de gobierno liberal resultó más bien confuso y caótico. La politización alcanzó grandes niveles de exaltación y a los liberales de este período se achaca, con razón o sin ella, la pérdida de las colonias ultramarinas y la profundización del caos político y económico, además de una serie de sublevaciones y pronunciamientos de signo absolutista, entre otros la de las guardias reales. El país se asomaba de nuevo a la guerra civil. Mientras tanto, se anunciaba la intervención internacional preparada desde octubre de 1822 en el congreso de Verona. Europa no estaba por los ensayos revolucionarios. La conspiración extranjera tenía por objeto devolver a Fernando VII el poder absoluto. La «Santa Alianza» se concierta para intervenir en España por medio de Francia. Los «cien mil hijos de San Luis», que llegarían a ser 120.000, con el duque de Angulema a la cabeza, se pusieron en marcha y el 24 de mayo de 1823 entraban en Madrid. La invasión se había consumado con el beneplácito del rey y sus «serviles» absolutistas.
España fue nuevamente ocupada por los franceses. La ocupación se prolongó durante cinco años. De este período dice José Ramón Alonso: Los «juicios de purificación», la expulsión del Ejército de cuantos habían colaborado activamente con los gobiernos liberales, la disponibilidad de los menos comprometidos —entre ellos, Amarillas y otros muchos— y el destierro y condena a muerte de los activos, como Valdés, Agar, Vigodet, Burriel, Mina, López Ballesteros, Plasencia, Méndez Vigo, Zayas, Torrijos, Alava y muchos más, dejaron al Ejército algún tiempo dislocado y sin unidad, sometido a los caprichos del ministro general Ay’merich, y sobre todo del jefe de Policía, mariscal de campo Francisco Chaperón, que durante la segunda reacción fue, como protegido de Calomarde, casi omnipotente y arbitro de la suerte de jefes y oficiales. El general Riego pagó con su vida el levantamiento de Cabezas de San Juan. Prácticamente el Ejército fue triturado y Fernando VII gobernó muy gustosamente suplantando al Ejército español por las fuerzas de ocupación francesas.
Las «purificaciones» alcanzaron un grado insospechado hasta entonces. Se calcula que más de cien mil personas, entre militares y civiles de la administración, fueron purificadas. Los restos del Ejército fueron duramente profesionalizados a semejanza de la guardia real y se volvió al viejo sistema de los cuadros de mando extraídos del estamento nobiliario. Como muy bien dice José Ramón Alonso, aquel sería el último Ejército enteramente profesional y de élite, pues todo el sistema en que se apoyaba estaba caducado y no tardaría en sufrir los embates que se iban a crear en torno a la Corona.
La nueva situación se planteaba en torno a la herencia de Fernando VII, que, viejo y enfermo, proclamó a su hija Isabel princesa de Asturias a los tres días de edad (10 de octubre de 1830) por influencia de su bella y joven esposa, la reina María Cristina. Ya entonces se proyectó una intervención militar indirecta para impedirlo, a cargo de unidades portuguesas absolutistas. Desde el mismo momento en que el rey anuló la Ley Sálica y proclamó el derecho tradicional de las hembras a la sucesión a la corona, su hermano el infante don Carlos empezó a reunir en torno suyo a los más recalcitrantes absolutistas.
A partir de entonces se inicia la lucha entre fernandistas y carlistas por robustecer sus posiciones en el ejército y en la administración del Estado. A este respecto escribe Ricardo de la Cierva: «Durante los años 1832 y primer semestre de 1833 se presentía en los puntos de mayor información y sensibilidad política del país —y sobre todo en la Corte— el creciente peligro de choque entre liberales exaltados y absolutistas a ultranza. Estos, respaldados unánimemente por la Iglesia, se alineaban cada vez con mayor identidad en torno la hermano de Fernando VII, don Carlos María Isidro, y por ello, incluso antes de la guerra civil, se los conocía como carlistas. La corte, que seguía manteniendo un gobierno absolutista, fue acercándose por necesidad política a los liberales moderados, porque con Fernando el Deseado en plena decadencia física y política, la corte estaba dominada por dos tremendas napolitanas: la reina María Cristina, cuarta esposa del rey, y la poderosa infanta Carlota, empeñada en alma y vida en asegurar, como también lo deseaba el rey, la sucesión en la princesa-niña de Asturias, doña Isabel».
El 29 de septiembre de 1833 moría Fernando VII, dejando a la reina María Cristina de Gobernadora hasta que su hija Isabel cumpliera los dieciocho años. El rey que empezó su reinado abriendo las puertas del país a la invasión napoleónica, lo dejaba al morir a las puertas de la guerra civil. Pues mientras se celebraban sus solemnes exequias en El Escorial, el administrador de Correos de Talavera de la Reina, al frente de los voluntarios realistas, proclamaba a su hermano rey de España con el nombre de Carlos V. La guerra civil ha comenzado.
Como dice Ricardo de la Cierva, «la primera guerra carlista —tercera de las civiles en el siglo— durará siete años, entre 1833 y 1840. Es una guerra general, con focos y acciones en todo el territorio; no es una guerra regional, sino ideológica, política y religiosa». En el transcurso de ella se consolidó el sistema liberal. El Ejército se convirtió en el arbitro y protagonista principal de todas las situaciones políticas. Espartero y Narváez acaudillan los dos bandos, progresistas y moderados, que alternan en el usufructo del poder en la España isabelina. A este respecto dirá el filósofo Jaime Balmes: «No creemos que el poder civil sea flaco porque el militar sea fuerte, sino que por el contrario, el poder militar es fuerte porque el civil es flaco… Los Partidos políticos se han sucedido en el mando; ninguno de ellos ha logrado constituir un poder civil; todos han apelado al militar.»
El reinado isabelino (1833–1868) es uno de los más difíciles de historiar por lo complejo y conflictivo. La mayoría de los historiadores lo dividen en tres etapas diferenciadas y un quinquenio en el que ya se proyecta el vacío del poder. La primera (1833–1843) la protagonizan la reina María Cristina y el general Espartero en calidad de regentes. En ella se consolida el régimen liberal. En la segunda (1844–1854) son los moderados el centro de poder y su caudillo, el general Narváez, a quien sus adversarios llaman el «Espadón de Loja». En la tercera (1854–1863), fruto de un levantamiento de progresistas y liberales, se impone el general O’Donnell con su Unión Liberal.
Como muy bien dice Galdós, «el ejército fue, en aquel borrascoso reinado, brazo inconsciente de la soberanía popular». Las facciones políticas no pudieron gobernar sin apoyarse en un caudillo militar. Y cuando los tres grandes caudillos militares — Espartero, Narváez y O’Donnell— agotaron su capacidad de aglutinación, la llamada «Corte de los Milagros», con su reina chulapona y su séquito de frailes, monjas y amantes de turno, se hundió en un nuevo proceso revolucionario que pondría de nuevo a prueba la capacidad de España para resurgir de la ruina y el caos. Con la Revolución de 1868, acaudillada por el general Prim, España se prepara para entrar en la Edad Moderna. Nuevamente el ejercito es el protagonista de las breves experiencias que suponen el destronamiento de Isabel II, el corto reinado de Amadeo de Saboya, la efímera I República y la restauración borbónica de Alfonso XII, en cuyo reinado comenzará una nueva etapa de equilibrio constitucional más o menos amañado.
