Apéndice 1. La Penuria de la Universidad Española

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EL nacimiento de la universidad española se remonta a los principios del siglo XIII, siendo la primera la de Palencia, fundada en 1212; en el mismo siglo aparecen también por primera vez las de Salamanca (1215); Valladolid (1260) y, a fines de este período, la de Lérida.

Desde entonces hasta hoy, la universidad española ha sufrido una larga serie de vicisitudes, en las que principalmente se reflejaban las tensiones existentes en las más altas instancias del poder, que en un principio se basaba en la dualidad de jurisdicción entre el poder civil y eclesiástico.

El primer gran impulso a la llamada cultura universitaria vino de manos de Alfonso X el Sabio: «Estudio es ayuntamiento de maestros y escolares, que es fecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes». Junto a esta definición histórica, el autor de las Partidas creó lo que en conjunto se ha denominado «el primer derecho universitario», es decir, el conjunto de normas por las que se regulaban los derechos, deberes y privilegios de los estudiantes.

La época siguiente se caracteriza por un relegamiento del poder eclesiástico a un segundo plano, una mayor autonomía y democracia en la estructura y funcionamiento interno de universidades y colegios y, en tercer lugar, por una multiplicación exagerada de los centros universitarios en base a la necesidad de formar unas minorías rectoras que pudiesen cumplir eficazmente las tareas de gobierno.

La llegada de los Reyes Católicos supuso un empobrecimiento paulatino de las universidades, debido a los cuantiosos gastos de las guerras mantenidas. Como consecuencia, los centros universitarios pasaron a ser subvencionados por las autoridades eclesiásticas con el consiguiente aumento de la autoridad religiosa. Un ejemplo es la fundación de la Universidad Complutense de Alcalá de Henares por el cardenal Cisneros en 1498.

El descubrimiento de América, la aparición del protestantismo y las consiguientes luchas religiosas y la consolidación del imperio de los Austrias, hace que universidades y colegios sufran una serie de vicisitudes que van desde el olvido total hasta una protección y subvención exageradas.

No obstante, el antecedente más moderno de nuestras actuales universidades hay que buscarlo en fechas posteriores, y, más en concreto, en el siglo XVIII con la llegada al poder del rey Carlos III, el rey ilustrado.

El reinado de sus antecesores Felipe V y Fernando VI se caracteriza por un derrumbamiento progresivo de las antiguas universidades y por una marcha ascendente de instituciones extrauniversitarias donde el fomento de las ciencias, letras y artes se hacía al amparo del movimiento de la «Ilustración». Es la época del despotismo ilustrado. La nobleza, el clero y el poder real se dedican a crear y subvencionar institutos y academias regidas por un nuevo afán de cultura y las ideas ilustradas y filantrópicas de la época.

En relación con este nuevo movimiento hay un hecho destacable: en la expulsión de los jesuitas en el año 1767, aparte de su defensa del regalismo, influyó en gran medida la queja de las universidades por la competencia que hacían los colegios mantenidos por esta orden.

Las universidades vuelven a tomar auge en todo el país y es en 1780 cuando surge el proyecto de crear la gran Universidad Central de Madrid, bajo los auspicios del conde de Aranda, poniéndose especial énfasis en los estudios de Medicina, y tomándose como modelo el prestigio y altura de los estudios impartidos en las Facultades de Cádiz y Barcelona.

Pero en 1788 muere Carlos III, y con él desaparece la mano dura que se había aplicado contra los abusos de las universidades. Fue el rey que impulsó todo tipo de actividades científicas, que aunque se desarrollaron en instituciones extrauniversitarias, la mayor parte de ellas fueron el cimiento de la moderna Universidad española.

La llegada de Carlos IV supone una paralización de todas las reformas emprendidas, dado el desinterés por todo tipo de cuestiones culturales. Y así, llegamos a los comienzos del siglo XIX, en que, en el año 1807, el marqués de Caballero publica un plan de enseñanza, una de cuyas principales medidas será la supresión de algunas universidades, entre ellas las de Toledo, Sigüenza, Almagro, Gandía y Orihuela, dejando únicamente con existencia legal 11 universidades (Salamanca, Alcalá, Valladolid, Cervera, Zaragoza, Huesca, Oviedo, Sevilla, Granada, Valencia y Santiago). En realidad, el nuevo plan tuvo una influencia mínima, ya que al año siguiente daría comienzo la guerra de la Independencia, con el consiguiente despoblamiento de las universidades para luchar contra Napoleón.

Terminada la guerra, el poeta Quintana propone en las Cortes de Cádiz un nuevo plan de enseñanza, reduciendo el número de universidades a nueve y separando de las mismas las facultades de Medicina, para unirlas a los grandes hospitales. El principio fundamental que regía este nuevo esquema era un acentuado ideal centralizador, consecuencia de la unificación administrativa y jurídica que se proyectaba.

No obstante, también este proyecto queda truncado con la llegada de Fernando VII, que por un Real Decreto de 6 de septiembre de 1814 restablece los antiguos colegios, si bien por breve espacio de tiempo, ya que con el advenimiento de la segunda época constitucional se aprobará el 29 de junio de 1821 un nuevo reglamento de instrucción pública que tendrá su punto álgido al año siguiente con la creación de la Universidad Central, que reunió en un principio los estudios de San Isidro, las enseñanzas del Museo de Ciencias Naturales y la Universidad de Alcalá; fue instalada en los locales del antiguo Colegio Imperial e inauguró su primer curso el 7 de noviembre de 1822. Por enésima vez, el plan se ve frustrado por decreto de 14 de octubre de 1824, refrendado por Calomarde, mediante el cual se crea la dirección general de Instrucción Pública y se establece una completa y absoluta uniformidad en la enseñanza y organización de las universidades. Los restos de autonomía quedarán definitivamente extinguidos.

Pero no todo acaba ahí; el comienzo de la guerra carlista, tras la muerte de Fernando VII, originará una nueva serie de perturbaciones a la enseñanza superior. En 1839, al final de la guerra, colegios y universidades estaban en una total ruina económica, llegándose a vender los edificios de la antigua Universidad de Alcalá a un particular y a un precio verdaderamente irrisorio.

Siguen los ensayos y proyectos; un Real Decreto del año 1845, siendo director general de Instrucción Pública don Antonio Gil y Zérate, crea un nuevo plan general de enseñanza. Los principios informantes del mismo son la centralización (aún más que en el proyecto de 1824) y la secularización total, siendo el Gobierno el único y excluyente ente que lleva su dirección. Está ya preparado el camino para la Ley de Instrucción Pública de 1857, donde se consagra definitivamente una universidad de carácter burocrático. Esta ley dictamina la existencia de seis facultades (Teología, Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias, Medicina y Farmacia), y diez universidades: Madrid, Barcelona, Oviedo, Granada, Sevilla, Santiago, Salamanca, Zaragoza, Valencia y Valladolid.

Ante este maremágnum burocrático empieza a formarse un grupo de catedráticos, que después de haber realizado estudios en el extranjero, se muestran ilusionados en crear un nuevo estilo universitario. Sanz del Río, Salmerón, Azcárate, Tapia, Linares, Canalejas y Quevedo empiezan a crear un nuevo fermento en la universidad de Madrid. Hay una doctrina que les da la pauta y difunden entre sus discípulos y amigos de la Universidad Central: nos estamos refiriendo a la filosofía krausista, que en esos momentos es el punto de enlace con las más modernas corrientes europeas. Hasta 1865 se vive un ideal renovador: las esperanzas de transformar la universidad española se ven cada vez más cercanas.

Rápidamente, estos intentos son paralizados. El discurso pronunciado por don Fernando de Castro en su ingreso en la Academia de la Historia origina una serie de réplicas y contrarréplicas cuyos dos hitos más importantes son la Noche de San Daniel (10-IV-1865), que acabó a tiros; y el Decreto de 22 de enero de 1867, por el que se separaban de sus cátedras a todos los profesores mencionados, incluido el rector Juan Manuel Montalbán, por negarse a expedientar a sus compañeros. El ambiente es de gran inquietud, llegando las cosas a un máximo límite con el Decreto del ministro Manuel Orovio y Echagüe, mediante el cual se anuncia la formación de una lista de textos autorizados, y se ordena a todos los profesores presentar los programas de sus respectivas asignaturas a la aprobación del Gobierno. De esta forma surge lo que históricamente se ha venido a llamar «la cuestión universitaria».

Al año siguiente, 1868, triunfa la Revolución de septiembre, y los profesores sancionados y destituidos por negarse a acatar las disposiciones que restringen la libertad de enseñanza, no sólo son repuestos en sus cargos, sino que son los inspiradores de la nueva política cultural. Algunos, como Salmerón y Castelar, incluso desempeñarán la más alta magistratura del Estado.

Pero al producirse la Restauración en 1875, vuelve el marqués de Orovio al Ministerio de Fomento, y en 1876 plantea de nuevo la «cuestión universitaria» con mayor virulencia. El profesorado liberal rechaza la intromisión coactiva del ministro canovista, y se produce el conflicto. Los protagonistas de la resistencia son Giner de los Ríos, Salmerón, Azcárate, González de Linares, Varela de la Iglesia, Calderón, Arana, etc. Algunos de los profesores, como Giner, son apresados y enviados al destierro, otros sufren prisión, y todos son destituidos y otros muchos expedientados.

Pero los sancionados no estaban dispuestos a renunciar a su labor de formación y estudio, y así nació en el año 1876 la Institución Libre de Enseñanza, creada y mantenida intelectualmente por todos los catedráticos separados. La institución se mantenía económicamente mediante subvenciones privadas, sin ninguna ayuda estatal y ajena a una ideología religiosa concreta, partido político o escuela filosófica.

Poco a poco, la influencia de la Institución fue en aumento, llegando a tener relaciones con las esferas oficiales y, así, es consultada sobre posibles reformas de la enseñanza y gracias a sus esfuerzos se crean el Museo Pedagógico, el laboratorio de Biología Marina y el Instituto Central Meteorológico.

Así llegamos a los comienzos del siglo XX, en que la obra maestra de esta «Universidad Paralela» será la consecuención de la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Otra vez los gritos que piden una radical reforma de las universidades oficiales empiezan a hacerse oír, consiguiendo únicamente éxitos parciales, como la creación de la Junta para el Fomento de la Educación Nacional, en 1907.

Desde principios de siglo hasta 1936, la universidad oficial sigue un declive inexorable, dedicándose a impartir unas enseñanzas anquilosadas, mediante unos textos totalmente desfasados. La universidad oficial expide títulos y vive en una casta penuria intelectual, en una torre de marfil o jardín cerrrado, que obligan al estudiante, una vez acabados los estudios oficiales, a matricularse en instituciones paralelas a efectos de mejorar y completar su formación.

Y es ahí donde la Institución Libre de Enseñanza cumplió el papel que no supo o no pudo cumplir la universidad oficial, dado que el anquilosamiento de la misma provenía de su falta de autonomía y del dirigismo gubernamental al que era sometida.

El reconocimiento de la labor de la Institución tuvo consagración oficial con la visita que a sus locales hizo el Rey Alfonso XIII.

No obstante, la universidad oficial poco a poco y mediante la autocrítica, hace esperanzadores esfuerzos por salir de su letargo. Es el profesor Onís quien señala que «desde 1912 ha habido un mejoramiento considerable del profesorado universitario, gracias al ingreso de muchos jóvenes que salieron al extranjero empujados por el espíritu de la Junta para Ampliación de Estudios».

Así pues, nos encontramos que en el primer tercio de este siglo conviven mutuamente y se interinfluencian la universidad oficial y la universidad paralela que representaba la Institución Libre de Enseñanza. La segunda va consiguiendo que a través de los alumnos educados en ella, y una vez que son profesores en las universidades oficiales, impongan un nuevo ritmo en los estudios, procurando la apertura y el contacto con los más altos y mejores niveles de la cultura europea.

El propio rey se da cuenta de esto, y es el promotor y primer interesado en la creación de la Ciudad Universitaria en los años 30, proyecto que se realizaría años después.

Con el advenimiento de la II República se intenta una gran y radical reforma de la institución universitaria, basada fundamentalmente en un acercamiento y casi fusión de las dos instituciones paralelas que habían convivido culturalmente casi medio siglo. El corto espacio de tiempo que duró la misma (1931-1936) no permitió más que hacer un esbozo, truncado con el comienzo de la guerra civil. Durante este corto período de tiempo, la universidad no consiguió tampoco salir de su anquilosamiento, si bien se crearon los cimientos para una nueva reforma universitaria que el comienzo de la guerra impidió su realización como acabamos de señalar.

Las especiales circunstancias que pesaron sobre la sociedad española, de manera particular en el campo de la cultura, al término de la guerra, condicionaron el normal desarrollo de la vida universitaria truncada violentamente de su pasado inmediato: exilio y «depuración» de muchos profesores, dirigismo cultural, divorcio universidad-sociedad, etc.